Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado una persecución judicial y mediática en su contra, especialmente después del atentado que sufrió en septiembre de 2022 , lo que añade una capa de complejidad política y social al caso.
Aunque ahora el tribunal ha ratificado una condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el caso conocido como "Causa Vialidad", esta sentencia aún no es definitiva. Y CFK tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia en los próximos diez días. Así que no existe un plazo específico para que la Corte Suprema resuelva el expediente, lo que puede prolongar el proceso y evitar que la condena se haga efectiva de inmediato. Ahora bien, si la Corte Suprema ratifica la condena, la expresidenta de los argentinos, al tener más de setenta pirulos, podría solicitar el arresto domiciliario en lugar de cumplir la pena en una cárcel. Por estas razones legales y constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner no irá presa.
Salvando las distancias, en la historia judicial de Argentina y América Latina, hay varios casos que sientan precedentes similares a este, en donde figuras políticas de alto perfil enfrentaron acusaciones de corrupción y otros delitos.
Uno de los casos más conocidos en Argentina es el de Carlos Menem (y aquí, me toco el huevo izquierdo) expresidente de Argentina, quien fue condenado en 2013 a siete años de prisión por contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante su mandato. Sin embargo, Menem no cumplió la condena en prisión debido a su inmunidad parlamentaria como senador y su avanzada edad.
Otro caso relevante y más cercano en el tiempo es el de Lula da Silva en Brasil. El expresidente fue condenado en 2017 por corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato. Lula pasó un tiempo en prisión, pero fue liberado en 2019 después de que el Tribunal Supremo de Brasil dictaminara que los acusados solo pueden ser encarcelados una vez que se agoten todas las apelaciones.
En Perú, el expresidente (y ya difunto) Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción. El ponja fue indultado en 2017 por razones humanitarias, medida que después fue anulada y lo regresaron al presidio.
Mediante la breve exposición de estos casos, este humilde columnista intenta compartir con el buen lector de "Santa Cruz nuestro lugar" cómo ya otras figuras políticas de alto perfil en América Latina han enfrentado procesos judiciales complejos, con resultados variados dependiendo de comunes denominadores como la inmunidad parlamentaria, la edad y el dictamen de los tribunales superiores.
Por @_fernandocabrera
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