El Frente Sindical Santa Cruz, espacio que nuclea distintas entidades gremiales públicas y privadas se moviliza este jueves desde las 9hs a las afueras de la Cámara de Diputados ante el tratamiento de la adhesión al “Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones”. Cabe destacar que en septiembre, aunque la iniciativa también estaba en el temario fue devuelta a la comisión de Trabajo por pedido del bloque oficialista al no contar con el consenso necesario.
Cuando el mismo tenía el visto bueno para ser tratado en el mes de septiembre, mientras afuera de la Legislatura se manifestaba una multitud de trabajadores de distintas entidades gremiales como Camioneros, ATE, SOEM, La Bancaria, Judiciales, Viales y Petroleros Jerárquicos, entre otros, el proyecto de autoría del legislador, Piero Boffi busca que nuestra provincia adhiera a la iniciativa de Javier Milei establecida por la “LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS” (Ley Nacional 27.742) “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, en su Título VII, Capítulos I al XII, Artículos 164 al 228; aunque contaba con los despachos de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Trabajo y de Legislación General, fue girado a la comisión de Trabajo.
Nuevamente la adhesión al “Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones” se encuentra en el temario de la última sesión ordinaria del año, si bien se desconoce si ha tenido modificaciones significativas en su retorno a la mencionada comisión, se espera un clima caldeado en las afueras de las instalaciones del Poder Legislativo aunque quizás con menos convocatoria que hace dos meses, ya que por el momento el tema en cuestión forma parte mayoritariamente de la agenda parlamentaria y no tanto de la pública.
Entre las criticas principales se plantea que el mismo genera desventajas competitivas para las firmas locales, punto en que coinciden tanto cámaras empresariales como representantes de pymes industriales, por otro lado que se establece un desmesurado conjunto de beneficios fiscales para proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares, entre ellos se encuentran las garantías de estabilidad tributaria por 30 años, un tope del 25 por ciento en el impuesto a las Ganancias y la posibilidad de computar a cuenta de este todo lo que se pague por "impuesto al cheque" y créditos fiscales transferibles para el pago del IVA.
Otro polémico punto expuesto a nivel nacional al momento de la discusión en el Congreso de la Nación es la libre disponibilidad de las divisas generadas por la exportación de esos proyectos, que en el cuarto año de vida del mismo alcanza al 100 por ciento de lo exportado.
Sectores populares y representantes de los trabajadores sostienen que la iniciativa es entrega pura y dura de recursos naturales, especialmente los no renovables, al capital extranjero que atenta lisa y llanamente contra la soberanía nacional.
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