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  • Foto del escritorSanta Cruz Nuestro Lugar

En 3 meses se cumplen 3 años sin Marcela López y la ley provincial para que figure en facturas de servicios sigue sin cumplirse

En apenas 3 meses se cumplen tres años de aquel 22 de mayo del año 2021 en que la familia de Marcela López Frey de 61 años radicara la denuncia por su desaparición en la Comisaría Sexta de Río Gallegos. Por Ley Provincial N° 3.803 su fotografía e información debería figurar en las facturas y resúmenes de SPSE, IDUV, Distrigas S.A. y Banco Santa Cruz, aun cuando su paradero es una incógnita como el de Mauricio Herrera de Río Turbio de quien nada se sabe desde el 25 de junio de 2022 donde deberían figurar sus fotografías continúa el recuadro de la gestión anterior de “Ambiente seguro – Factura sin papel”.

Sancionada el 8 de septiembre de 2022, promulgada y publicada en el Boletín Oficial N° 5.713 con fecha 8 de noviembre del mismo año, la Ley N° 3.803 de “Personas Desaparecidas y Extraviadas en Facturas y Resúmenes”, establece que “los entes y empresas con participación del Estado Provincial, cualquiera sea su naturaleza y composición accionaria; Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Distrigas Sociedad Anónima, Banco Santa Cruz Sociedad Anónima y otras que en el futuro puedan crearse, que emitan facturas o resúmenes, en formato físico y digital, mensual o bimestral, deberán incorporar un recuadro con las fotografías e información de personas desaparecidas, tanto de residentes de la Provincia como de habitantes de otras provincias, cuya desaparición hubiera ocurrido dentro del territorio provincial”.




 

Por otro lado, se indica en el articulado que deberán figurar en el recuadro con las fotografías e información de las personas desaparecidas los siguientes datos: nombre y apellido; edad; género; características y señas particulares: contextura, altura, tez, cabello;  detalle del lugar, fecha y hora en que fue vista por última vez la persona; números de contacto y correo electrónico, vías de comunicación oficiales y cualquier otro dato que la Unidad de Coordinación de Personas Extraviadas de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Desarrollo Social considere de importancia para su identificación.

 

Lo cierto es que cerca de cumplirse un año y medio desde la sanción de la ley y habiendo dos personas desaparecidas desde 2021 y 2022, ni la gestión de Alicia Kirchner ni la recientemente asumida de Claudio Vidal aplican esta normativa. Incomprensible al tratarse de una cuestión sencilla.




 

A casi 3 años sin conocerse el paradero Marcela López, ella nunca figuró en el sitio del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia en https://www.argentina.gob.ar/seguridad/recompensas/desaparecidas, tampoco en la fan page del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración ya que en el mes de enero sufrió un ataque de ciberseguridad y desde entonces se encuentra inhabilitada de manera indeterminada, según informó oportunamente el gobierno provincial.

 

El 22 de mayo de 2021 cuando se ausentó su casa las luces todavía estaban encendidas, su auto afuera con su documentación y las llaves puestas, algo de plata y el celular de la mujer. Estas y que en un kiosco cercano compró golosinas según un registro fílmico de las cámaras de seguridad son las únicas certezas que se tienen de esas horas, apenas un par de testimonios de haberla visto caminando en la zona de la costanera local.




 

Luego vendrían las investigaciones oficiales, los rastrillajes por tierra, mar y aire, la falsa pista y las “pruebas” plantadas por el ex agente de policía y ahora detenido adiestrador de Perros, Marcos Herrero -ahora condenado por plantar falsas pruebas en Mendoza-, las conferencias de prensa y acusaciones del secuestro extorsivo, el maxilar de larga data y el hallazgo de “dólares termosellados” -se archivó por no ofrecerse pruebas para la investigación- del abogado de la familia Dr. Jorge Trevotich, las marchas pidiendo aparición con vida y la ordenanza municipal para que los comercios y vehículos que brinden servicios de transporte lleven su imagen e información.



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