Es el tiempo que ha transcurrido desde aquel 22 de mayo del año 2021 en que la familia de Marcela López Frey de 61 años radicara la denuncia por su desaparición en la Comisaría Sexta de Río Gallegos. Por Ley Provincial N° 3.803 su fotografía e información debería figurar en las facturas y resúmenes de SPSE, IDUV, Distrigas S.A. y Banco Santa Cruz, aun cuando su paradero es una incógnita como el de Mauricio Herrera de Río Turbio y de Julio Galeano de Las Heras, el gobierno provincial finalizará su mandato incumpliendo la norma sancionada hace más de un año.
Sancionada el 8 de septiembre de 2022, promulgada y publicada en el Boletín Oficial N° 5.713 con fecha 8 de noviembre del mismo año, la Ley N° 3.803 de “Personas Desaparecidas y Extraviadas en Facturas y Resúmenes”, establece que “los entes y empresas con participación del Estado Provincial, cualquiera sea su naturaleza y composición accionaria; Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Distrigas Sociedad Anónima, Banco Santa Cruz Sociedad Anónima y otras que en el futuro puedan crearse, que emitan facturas o resúmenes, en formato físico y digital, mensual o bimestral, deberán incorporar un recuadro con las fotografías e información de personas desaparecidas, tanto de residentes de la Provincia como de habitantes de otras provincias, cuya desaparición hubiera ocurrido dentro del territorio provincial”.
Por otro lado, se indica en el articulado que deberán figurar en el recuadro con las fotografías e información de las personas desaparecidas los siguientes datos: nombre y apellido; edad; género; características y señas particulares: contextura, altura, tez, cabello; detalle del lugar, fecha y hora en que fue vista por última vez la persona; números de contacto y correo electrónico, vías de comunicación oficiales y cualquier otro dato que la Unidad de Coordinación de Personas Extraviadas de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Desarrollo Social considere de importancia para su identificación.
Lo cierto es que a más de un año de la sanción de la ley y habiendo tres personas desaparecidas, el gobierno provincial incomprensiblemente no aplica esta normativa.
A dos años y medio sin conocerse el paradero Marcela López, ella nunca figuró en el sitio del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia en https://www.argentina.gob.ar/seguridad/recompensas/desaparecidas, por su parte la Unidad de Coordinación de Personas Extraviadas dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz implementó el Sistema Provincial de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX) con el cual cumple una función esencial en la coordinación, difusión y asistencia psicosocial a las personas afectadas, colaborando con las unidades policiales, judiciales y administrativas encargadas de la búsqueda; operando en coordinación con las áreas municipales de Derechos Humanos, de Niñez, Adolescencia y Familia; las dependencias policiales y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Nación (SIFEBU).
El 22 de mayo de 2021 cuando se ausentó su casa las luces todavía estaban encendidas, su auto afuera con su documentación y las llaves puestas, algo de plata y el celular de la mujer. Estas y que en un kiosco cercano compró golosinas según un registro fílmico de las cámaras de seguridad son las únicas certezas que se tienen de esas horas, apenas un par de testimonios de haberla visto caminando en la zona de la costanera local.
Luego vendrían las investigaciones oficiales, los rastrillajes por tierra, mar y aire, la falsa pista y las “pruebas” plantadas por el ex agente de policía y ahora detenido adiestrador de Perros, Marcos Herrero -ahora condenado por plantar falsas pruebas en Mendoza-, las conferencias de prensa y acusaciones del secuestro extorsivo, el maxilar de larga data y el hallazgo de “dólares termosellados” -se archivó por no ofrecerse pruebas para la investigación- del abogado de la familia Dr. Jorge Trevotich, las marchas pidiendo aparición con vida y la ordenanza municipal para que los comercios y vehículos que brinden servicios de transporte lleven su imagen e información.
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