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  • Foto del escritorSanta Cruz Nuestro Lugar

Con fuerte presión social y sindical, la adhesión al RIGI deberá esperar

Aunque estaba incluido en el temario de la 10° Sesión Ordinaria, la adhesión al “Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones” fue devuelto a comisión de Trabajo por pedido del bloque oficialista mientras en las afueras de la Legislatura un nutrido grupo de manifestantes de distintas entidades gremiales pedían que fuese rechazado por la provincia.

El proyecto de autoría del legislador, Piero Boffi busca que nuestra provincia adhiera a la iniciativa de Javier Milei establecida por la “LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS” (Ley Nacional 27.742) “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, en su Título VII, Capítulos I al XII, Artículos 164 al 228 y aunque contaba con los despachos de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Trabajo y de Legislación General, fue nuevamente girado a la comisión de Trabajo.  

 

El bloque Unión por la Patria, había planteado previamente adelantar el punto del tratamiento mientras afuera de la Cámara de Diputados se manifestaban distintas entidades gremiales como Camioneros, ATE, SOEM, La Bancaria, Judiciales, Viales y Petroleros Jerárquicos, entre otros.  

 

Luego, el legislador Javier Jara solicitó que el proyecto no fuera tratado en la sesión sino remitido a la comisión de Trabajo, pedido que prosperó con el apoyo de su bloque Por Santa Cruz y Pedro Muñoz; y la abstención de la oposición.  En ese sentido, se espera que luego de analizarse nuevamente en comisiones, la iniciativa de adhesión al RIGI vuelva a integrar el temario en busca de ser aprobado por el oficialismo.  

 

Entre las criticas principales se plantea que el mismo genera desventajas competitivas para las firmas locales, punto en que coinciden tanto cámaras empresariales como representantes de pymes industriales, por otro lado que se establece un desmesurado conjunto de beneficios fiscales para proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares, entre ellos se encuentran las garantías de estabilidad tributaria por 30 años, un tope del 25 por ciento en el impuesto a las Ganancias y la posibilidad de computar a cuenta de este todo lo que se pague por "impuesto al cheque" y créditos fiscales transferibles para el pago del IVA.

 

Otro polémico punto expuesto a nivel nacional al momento de la discusión en el Congreso de la Nación es la libre disponibilidad de las divisas generadas por la exportación de esos proyectos, que en el cuarto año de vida del mismo alcanza al 100 por ciento de lo exportado.

 

Sectores populares y representantes de los trabajadores sostienen que la iniciativa es entrega pura y dura de recursos naturales, especialmente los no renovables, al capital extranjero que atenta lisa y llanamente contra la soberanía nacional.


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