Chute sin filtros contra el presidente de la Caja de Servicios Sociales: "El inútil a cargo debe renunciar de forma inmediata"

Una vez el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco utilizó las redes sociales institucionales para cruzar el reclamo de una afiliada contra la obra social. La situación causó rechazo generalizado, entre ellos el del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, quien no dudó en pedir la renuncia del polémico funcionario del gobierno provincial.

"La ley de derechos del paciente establece con claridad que “El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente” comenzó indicando Chute.

Posteriormente explicó "Este principio se llama CONFIDENCIALIDAD y es obligatorio especialmente para las Obras Sociales. Las autoridades de la Caja decidieron vulnerar la obligación de mantener reserva sobre la información establecida en la Ley 26.524 y hacer públicos los tratamientos de un paciente en un vulgar escrache más propio de un grupo de compra venta de Facebook que de un agente del seguro de salud de forma claramente ilegal".

Por último el funcionario municipal señaló "Le pregunto a CUALQUIER afiliado de la Caja de Servicios Sociales: ¿Están tranquilos y contentos con el hecho de saber que las autoridades políticas de la Obra Social puedan hacer públicos sus tratamientos médicos, de sus hijos, de sus padres? ¿Que si le caen mal a algún funcionario corren riesgo de que los hagan públicos?" y lanzó sin rodeos "El inútil a cargo debe renunciar de forma inmediata".

El cuestionado comunicado de la Caja de Servicios Sociales

Situación de la Sra. Bazán y atención brindada al afiliado Alejandro Ponce

Es lamentable que la Sra. Bazán exponga la situación de su hijo en función de intereses políticos gremiales. La Sra. Bazán es actualmente referente de ADOSAC, gremio docente que lleva adelante medidas de fuerza contra el gobierno provincial.

Por los hechos, su único interés es desacreditar los servicios de la CSS a cualquier costo. No bastaron las aclaraciones correspondientes, ni las reuniones del presidente de la CSS con ella y con los principales directores de la institución. La situación ha sido judicializada y seguirá su curso conforme al marco normativo vigente.

Desde el punto de vista médico, su caso ha sido tratado y sigue siendo atendido dentro del sistema de salud de nuestra provincia. Desde su afiliación, el afiliado ha recibido todas las prestaciones necesarias, con acceso a consultas especializadas y estudios médicos, de acuerdo con la evaluación de los profesionales tratantes.

Atenciones médicas otorgadas:

- Evaluaciones por especialistas en dermatología, urología y alergología, quienes descartaron patologías de complejidad relacionadas con la sintomatología del afiliado.

- Seguimiento en salud mental, con intervención de psiquiatras y psicólogos en distintos centros de atención, incluyendo una derivación al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se gestionó un turno con psiquiatría para continuar el abordaje del caso.

- Atención en medicina clínica, con profesionales que coincidieron con los diagnósticos previos.

- Múltiples consultas en dermatología, donde se evidenció una mejoría en la zona afectada tras el tratamiento indicado.

- Gestión de turno con una médica especialista en tratamiento del dolor, con consulta confirmada.

La Auditoría Médica de la CSS no ha determinado la necesidad de una derivación a un centro de mayor complejidad, ya que la documentación médica presentada hasta el momento es inconsistente o insuficiente para justificarla.

El paciente ha recibido todas las atenciones necesarias, y se continúa promoviendo su seguimiento médico, con nuevos turnos confirmados para asegurar su adecuada evaluación.

La CSS seguirá garantizando el acceso a la salud de todos sus afiliados con criterios médicos y administrativos claros, sin permitir que intereses externos interfieran en su funcionamiento ni en la equidad de las prestaciones.